Cayó la mafia de “Patrulla Motorizada” en Mar del Plata

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Seis oficiales del Comando de Patrullas Sur de Mar del Plata, entre ellos el jefe y el segundo jefe, fueron separados de sus cargos acusados de quedarse con dinero que el Estado destina al combustible de motos y patrulleros de la fuerza, mientras que ya se inició una causa penal encabezada por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Además del jefe del Comando Patrullas, Flavio Casas, fueron separados de sus funciones el subcomisario Alejandro Bravo, que era jefe del Comando de Patrulla Zona Sur, el capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana, encargada de Logística.

La investigación se inició semanas atrás por medio de una denuncia que desde Asuntos Internos calificaron como “anónima”. Suele suceder en casos de denuncias contra corrupción policial que quienes la impulsan son otros miembros de la fuerza pero que piden reserva de identidad. No se trata de un llamado “anónimo” sin mayor sustento.

La estructura administrativa para llenar los tanques de los vehículos -sean motocicletas, automóviles o camionetas- consiste en la utilización de una tarjeta por cada móvil, que tiene cupos de plata para ir reabasteciendo el combustible que se gasta. Como el único control que permite saber si ese combustible se consumió es el cuentakilómetros, lo que este grupo de policías se sospecha que hacía era modificar mecánicamente los instrumentos de medición.

Durante las inspecciones y auditorías se secuestraron libros contables del Comando. Allí, en el baúl de un auto particular, estaba la máquina adulteradora.

Ahora, la Justicia que ya intervino por considerar que “el Estado fue gravemente perjudicado y estafado”, deberá estudiar los movimientos de todo el parque automotor para saber el alcance de la defraudación.

El fiscal David Bruna explicó que abrieron una causa por “fraude agravado a la administración pública” contra cuatro policías del Comando de Patrullas Sur, entre los que se encuentran el comisario Flavio Casas y el subcomisario Alejandro Bravo.

El expediente que hoy maneja el fiscal Bruna cuenta con 800 fojas ya que desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense le enviaron una “gran cantidad” de prueba documental, junto con elementos probatorios que secuestraron en allanamientos realizados tanto en dependencias policiales como en domicilios de los imputados.




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