A 44 años de la llegada de unos que eran más malos que el virus

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los organismos de DDHH de Mar del Plata/Batán abajo firmantes dieron a conocer el documento confeccionado y consensuado por la conmemoración de los 44 años del golpe de estado cívico militar.

Asimismo recuerda que a raíz de la pandemia se suspendió la marcha que se realizaría el próximo 24 de marzo y proponen movilizarnos a través de la difusión por los medios de comunicación y recursos alternativos como son las redes sociales. La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia está vigente más que nunca.

A 44 años del Golpe genocida iniciado el 24 de marzo de 1976, y
como año tras año, hoy a pesar de la situación de emergencia
mundial que se vive a raíz de la pandemia, seguimos como siempre,
recordando y luchando por Memoria, Verdad y Justicia,
reivindicando la lucha de nuestrxs 30.000!!!.

El Terrorismo de Estado de 1976 buscó implementar una feroz
represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado
por la creciente organización y movilización social, cultural y política.
Como su propio nombre lo indica, el Proceso de Reorganización
Nacional buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, transformarla
en el plano político, económico, social y cultural. La dictadura se
propuso así eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional
y aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. El Proceso
de Reorganización Nacional que se propuso la última dictadura,
implicó un «salto cualitativo» en la represión y el ejercicio de la
violencia política: el uso y la diseminación del terror como forma de
disciplinar a toda la sociedad.

En la Argentina el Terrorismo de Estado dejó como saldo más de ochocientos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde se cometieron delitos contra la humanidad tales como secuestros, desapariciones forzadas, miles de presxs politicxs, miles de exiliadxs, vejaciones, apropiación de menores, vuelos de la muerte, asesinatos, robo de bienes.

La dictadura cívico–militar que dio comienzo en 1976, al igual que las
demás dictaduras latinoamericanas, respondió a factores internos y
externos que se engendraron en un contexto histórico caracterizado
por la guerra fría, una profunda crisis económica y el ascenso de la
lucha política y las reivindicaciones de las masas populares.

En América Latina, la crisis económica estaba caracterizada por el
agotamiento del modelo capitalista dependiente a través de la
concentración del capital y la aplicación de políticas de transformación
del aparato productivo. Sin embargo, en contraposición, otro
modelo de país se gestaba tanto en Argentina como en América
Latina: un proyecto basado en la búsqueda de la independencia, la
soberanía, la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales
de las mayorías populares.

La Dictadura se fue desgastando por la resistencia popular y en 1982, ante la creciente pérdida de credibilidad y poder, las fuerzas armadas llevaron al país a una Guerra por la recuperación de las islas Malvinas, que terminó con la masacre de cientos de jóvenes sin preparación para una guerra y en
la que también se cometieron delitos de Lesa Humanidad, que hasta
la actualidad exigen JUSTICIA.

Hoy la mayoría de los criminales condenados por delitos de lesa humanidad, están en sus casas con el beneficio de la prisión
domiciliaria. En nuestra ciudad viven casi veinte genocidas con este
beneficio. Tal es el caso del asesino Gustavo Demarchi, condenado a
cumplir condena en cárcel común y enviado a su casa por un mero
inconveniente en el tendón de Aquiles.

Además de las domiciliarias, repudiamos la demora deliberada en los
procesos judiciales, la falta de constitución de tribunales para juicios
de lesa humanidad, la tardanza entre audiencias en los juicios en
proceso y exigimos un cambio profundo para frenar estas situaciones
insostenibles.

En el ámbito local seguimos exigiendo la destitución de Pedro
Federico Hooft como Juez y denunciamos la dilación en el tratamiento
del caso del Fiscal General Fernández Garello, hechos que son
un escándalo y una vergüenza para la sociedad y para la justicia en
particular. Así como denunciamos una connivencia de un sector del
Poder Judicial con actos que promueven la impunidad, también
queremos destacar a todos aquellos funcionarios judiciales, que aún
bajo presiones y amenazas, continúan avanzando en aquello que
consideran justo.




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