Semana de Conflicto en el Puerto por la prohibición de pesca del Abadejo

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Esta semana llegarán autoridades nacionales a Mar del Plata con el objetivo de censar 5 mil trabajadores de la actividad manufacturera portuaria, una tarea que se llevará adelante en las instalaciones del SOIP. Este censo sería un paso previo para dar curso a subsidios directos para el sector que sufre un fuerte desempleo. Sin embargo, aún llevará entre 30 y 40 días para que este dinero llegue al bolsillo de la gente.

Esta situación —la implementación de subsidios en el marco de un fuerte desempleo—, es curiosa si se analizan algunos indicadores: en este momento, hay récord de embarques, especialmente en cuanto a la captura de calamar y langostino. Sin embargo, por alguna razón, este volumen de actividad no se refleja en la cantidad de trabajo disponible para todos, al punto que Carlos Mezzamico (SUPA) tuvo que movilizar a su gente para reclamar por trabajo y en las plantas elaboradoras en tierra la escasez de empleo es tal que motiva la implementación de subsidios. Todas estas situaciones bien podrían revertirse si no fuera por las muy malas políticas que se aplican al sector por decisión del Consejo Federal Pesquero.

La flota fresquera de Mar del Plata está acorralada: a la limitación en tonelaje en la captura de la especie merluza hubbsi, ahora se le suma la prohibición de pescar abadejo, una especie que rinde comercialmente muy bien en el mercado interno y afecta directamente el trabajo de las plantas locales. La prohibición de capturar abadejo cayó imprevistamente. El Consejo Federal Pesquero se apoya, para justificar esta medida, en las determinaciones del INIDEP.

Otro punto de conflicto lo da el manejo de los inspectores de pesca, que actúan a su arbitrio presionando a los armadores caprichosamente, e imponiendo sanciones sin lógica.

Recientemente, barcos de la flota fresquera fueron inspeccionados en el sur, a donde se desplazó parte de la flota para la pesca de calamar. Allí, aplicaron curiosos criterios para imponer sanciones —que pueden implicar multas de millones de pesos— de manera caprichosa. Por caso, un fresquero de 2500 cajones tiene un punto máximo de captura que da en promedio 18.5 kilogramos por cajón. Son, en promedio, 42.650 kilos que debe dar el total pesado en el camión de transporte. Sin embargo, los inspectores eligen pesar cajón por cajón y aplicar multas. O se paga la multa, o se hace frente al proceso administrativo que, aún ganado, implica designar un abogado y tramitar, en Capital Federal ante la autoridad, un proceso complejo y costoso.




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